Por: Juan C. Soldano Deheza Exjefe de Gabinete del embajador argentino en Brasil (Especial para mbito Financiero)
Como todos los países, Brasil enfrenta un conjunto de desafíos significativos en el largo plazo. Los más relevantes, teniendo en cuenta que la estabilidad democrática y la seguridad jurídica son temas que no se discuten y que a lo largo de los últimos 10 a 15 años la cuestión de la enorme desigualdad ha sido parcialmente resuelta y la miseria está en vías de extinción, están vinculados a la competitividad sistémica de su economía.
El boom de estos últimos años se debió a la escalada en el precio de los commodities y a la incorporación de una proporción importante de la población a la sociedad de consumo, que opacó buena parte de los problemas estructurales. Ahora que dichos precios se han estabilizado o aparentan entrar en una trayectoria de moderado declive y que la tasa de desempleo está en sus mínimos históricos, éstos comienzan a surgir con creciente apremio.
Estabilidad fiscal de largo plazo: las crecientes presiones por aumentos en el gasto público (con una presión tributaria que alcanza al 38% del PBI) unidos a la reducción observada en los superávits primarios necesarios para estabilizar la relación deuda pública/ PBI y el creciente volumen de aportes del Tesoro a los bancos públicos a efectos de ampliar la oferta de crédito, que ha producido un significativo aumento en la deuda pública bruta total, son elementos que generan algunas incertidumbres en un plazo menor a 20 años. A ello debe sumarse que es imperioso, aunque políticamente muy difícil, que Brasil realice una reforma de su sistema impositivo la que deberá ser parcialmente financiada con recursos del Tesoro nacional.
Sistema jubilatorio: todos los gobiernos reconocen la necesidad de modificar el sistema jubilatorio ya que el bonus demográfico se acabará en un plazo muy corto y la sociedad brasileña no tendrá capacidad de sustentar los actuales padrones financieros y etarios de jubilación en el mediano plazo sin asfixiar al sector privado o consumir proporciones crecientes del gasto público en detrimento de otros sectores fundamentales.
Sistema educativo y sanitario: el sistema educativo público fue ampliado fuertemente en términos de acceso, pero los indicadores de calidad son muy pobres y la formación de los educandos parecería no corresponderse con las demandas del sector productivo. El sistema público de salud, con una cobertura excepcional, no consigue cumplir con las demandas de la sociedad en términos de calidad de atención. Al mismo tiempo, la universalización de las coberturas, asegurada constitucionalmente, inviabiliza financieramente su funcionamiento.
Inversiones públicas y privadas: es necesario un proceso de megainversiones en logística e infraestructura para permitir un funcionamiento competitivo de la economía. El Gobierno, en todos sus niveles, se ha mostrado incapaz de ejecutar buena parte de los programas de inversión anunciados. Recientemente el Gobierno federal revisó sus políticas a este respecto y decidió lanzar una serie de concesiones de obras de infraestructura y logística tendientes a mejorar estos aspectos. Sin embargo varios de los formatos de concesiones anunciados no parecen haber generado suficiente interés en el sector privado y algunas decisiones en sectores críticos, como energía, han generado algunos ruidos en la relación con los privados. La inversión privada no crece significativamente ya que no parece haber oportunidades de negocios muy atrayentes en el sector real de la economía.
Como contrapartida existe una gigantesca oportunidad y al mismo tiempo un gran desafío, como es la de convertirse en una potencia exportadora de petróleo.
Yacimientos petrolíferos del Pre-sal: el tamaño de estos yacimientos convertirá a Brasil, a efectos prácticos, en un integrante de la OPEP por el volumen exportable (con el consiguiente impacto geopolítico regional), casi eliminando la restricción de balanza de pagos a partir de fines de esta década, pero generará al mismo tiempo enormes presiones internas de aumento del gasto público -las que ya son visibles en el tratamiento de los royalties- y el riesgo de la llamada "enfermedad holandesa" por la valorización de la moneda local. Los yacimientos del Pre-sal requieren movilizar gigantescos recursos, no sólo financieros, sino también humanos, en un período muy corto para poder desarrollarlos. Dado el modelo productivo adoptado, la mayor parte del peso de la carga de las inversiones necesarias recaerá sobre Petrobras, la que se ha convertido en los últimos años en un instrumento relevante de política antiinflacionaria con serios perjuicios a su capacidad inversora, y no resulta del todo claro si esta utilización es transitoria o tiene visos de permanencia. Al mismo tiempo, y con buen criterio de política industrial activa, se obliga a un creciente uso de insumos nacionales en la exploración y producción, pero sin que exista, por lo menos de una manera bien estructurada, un estudio de alcances, costos y beneficios de esta política.
Todos los desafíos enfrentados son gerenciables si se los reconoce y enfrenta a tiempo y con decisión política. Pero caben algunas dudas en este sentido. El balance de riesgos no parece ser muy favorable para la Argentina. Si Brasil no parece tener condiciones de crecer a tasas aceleradas, no se puede esperar un impacto significativo sobre las exportaciones argentinas y, en consecuencia, un efecto de tracción significativo sobre la economía. Un potencial vector de crecimiento al cual prestarle atención son los servicios asociados al petróleo. Los proyectos tendientes a la construcción de barcos de apoyo para Petrobras son un indicador en este sentido. No debe perderse de vista también que Brasil posee importantes reservas de shale oil & gas, pero que dado que el foco estará en la exploración en el Pre- sal, es posible que se abra una ventana para que proveedores de YPF con experiencia en fracking puedan conquistar espacios en este promisorio mercado.
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